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Las encuestas sobre el Estado de Derecho en 26 países de América Latina y el Caribe captan las tendencias autoritarias y la desconfianza generalizada
Los nuevos reportes del World Justice Project se basan en encuestas representativas a nivel nacional
WASHINGTON, 17 de mayo de 2023 - La mayoría de la población de América Latina y el Caribe consideran que su gobierno utiliza la desinformación para moldear la opinión pública a su favor.
Este es sólo un indicio del autoritarismo y de la desconfianza generalizada en los gobiernos de la región, según se desprende de 26 nuevos reportes nacionales sobre el Estado de Derecho publicados hoy por el World Justice Project (WJP).
"Estos reportes representan las voces de las personas en toda América Latina y el Caribe y en cómo perciben y experimentan el Estado de Derecho", dijo Elizabeth Andersen, Directora Ejecutiva del WJP. "Estamos más contentos que nunca de compartir más datos de nuestras encuestas para ayudar a las diversas partes interesadas a identificar las debilidades del Estado de derecho y desarrollar políticas para hacerles frente."
Basándose en encuestas representativas a nivel nacional en toda América Latina y el Caribe, los informes ilustran las tendencias a lo largo del tiempo en temas como: la corrupción, las libertades fundamentales, la criminalidad por delincuencia, la seguridad y el acceso a la justicia.
Mientras tanto, las nuevas preguntas de los cuestionarios sobre autoritarismo y democracia revelan la creencia generalizada de que los altos cargos del gobierno intentan atacar y debilitar los controles clave del poder ejecutivo.
"La percepción generalizada de un comportamiento autoritario y los bajos niveles de confianza no son un buen augurio para el Estado de derecho y la democracia en la región", afirmó Andersen.
Comportamiento autoritario
En 19 de 23 países1, la mayoría de la población cree que los altos cargos del gobierno atacan o desacreditan a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil. Esta creencia está más extendida en Trinidad y Tobago (80%), Brasil (77%), Colombia (74%), y Argentina (73%) y Bolivia (73%). Es menos frecuente en Haití (38%), donde el gobierno central es muy débil.
En 18 de los 23 países de América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas considera que los altos cargos del poder ejecutivo están trabajando para debilitar, influir o desobedecer al poder judicial. Al menos dos tercios de las personas en Ecuador, Argentina y Brasil sostienen cada una de estas creencias. En sólo cinco países: Barbados, Haití, Honduras, Dominica y Panamá, la mayoría de la gente no está de acuerdo con todas estas percepciones.
En 15 de 23 países, al menos la mitad de la población piensa que altos cargos del gobierno atacan o intentan desacreditar el sistema electoral de su país. Esta tendencia está más extendida en Brasil (75%), Trinidad y Tobago (72%), Colombia (71%), Ecuador (71%) y Bolivia (68%). En Barbados (30%) es menos frecuente.
Al mismo tiempo, la mayoría de la gente piensa que los altos cargos pueden eludir fácilmente la rendición de cuentas. El World Justice Project preguntó a los ciudadanos de 13 países de América Central y del Sur si consideran que los altos cargos serían responsables de infringir la ley. Sólo en El Salvador, donde el presidente tiene unos índices de aprobación sin precedentes, una ligera mayoría (51%) respondió afirmativamente. En Paraguay y Argentina, apenas el 14% respondió afirmativamente.
Desconfianza generalizada
La confianza en los funcionarios del gobierno y los representantes electos es generalmente baja en toda América Latina y el Caribe.
De los 26 países, Barbados es el único en el que la mayoría de la gente dice confiar tanto en los funcionarios nacionales como en los locales (68% y 69% respectivamente). El Salvador es el único otro país donde la mayoría de la gente (60%) dice confiar en los funcionarios nacionales; mientras que Guyana la mitad de la gente (50%) dice confiar en los funcionarios del gobierno local.
En 23 de los 26 países, al menos la mitad de la población cree que la mayoría, o todos los miembros del congreso o parlamento nacional, son corruptos. Esta percepción está más extendida en Colombia (88%), Perú (84%) y Paraguay (80%) y es menos frecuente en Santa Lucía (44%), Barbados (32%) y El Salvador (22%).
Desinformación
Como reflejo de las tendencias, tanto en la desconfianza como en el comportamiento autoritario percibido en toda América Latina y el Caribe, la mayoría de las personas en 21 de 23 países afirman que los altos funcionarios del gobierno utilizan la desinformación para moldear la opinión pública a su favor. Esta creencia está más extendida en Bahamas (77%), Brasil (75%) y Trinidad y Tobago (75%). La menor prevalencia se registra en Haití (37%), seguido de Panamá, donde casi la mitad de la población (49%) comparte esta creencia.
Los nuevos reportes sobre el Estado de Derecho del World Justice Project amplían los datos contenidos en el Índice del Estado de Derecho del WJP de 2022, que mide el Estado de Derecho en 140 países y jurisdicciones de todo el mundo. El Índice se basa en encuestas de hogares representativas a nivel nacional y en encuestas a expertos, y los nuevos informes por países extraen información adicional de las encuestas de hogares.
"El Estado de Derecho es la base de las comunidades sanas que garantizan la justicia, las oportunidades y la paz", declaró Andersen. "Estos nuevos reportes son un recurso para que cada país examine y aborde los puntos débiles del Estado de derecho que sus propios ciudadanos han identificado y para seguir los avances en los casos en que las reformas ya están en marcha."
HALLAZGOS SUBREGIONALES
Los reportes se dividen en cinco subregiones: Andes, Centroamérica, Cono Sur, Caribe Oriental y Antillas Mayores, Bahamas y Guyanas. Los datos de cada país de una subregión se utilizan para calcular medias y comparaciones subregionales. Todas las subregiones experimentaron una confianza debilitada o baja en el sistema de justicia penal.
A continuación se presentan ejemplos de las principales conclusiones de cada subregión.
Andes
En la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), entre el 50% y el 75% de la población cree que los funcionarios del gobierno tienen un comportamiento autoritario. En comparación con el último año de recolección de datos, menos personas opinan que los funcionarios del gobierno local son elegidos mediante un proceso limpio. Además, menos de un tercio de todos los encuestados en la región piensa que los funcionarios de alto rango tendrían que rendir cuentas por infringir la ley.
América Central
En los países centroamericanos (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá), cerca de la mitad de los encuestados considera que los altos cargos del gobierno tienen un comportamiento autoritario. Casi un tercio de los centroamericanos, en promedio, cree que el presidente no tiene que cumplir la ley. Esta es la respuesta porcentual media más alta a esta pregunta en las cinco subregiones.
Cono Sur
Los países del Cono Sur (Argentina, Brasil y Paraguay) muestran una elevada percepción del comportamiento autoritario y una menor confianza en la responsabilidad del gobierno. En Argentina y Brasil, la mayoría de la gente siente que los altos cargos del gobierno tienen un comportamiento autoritario. Más concretamente, los argentinos consideran con mayor frecuencia que los funcionarios del gobierno intentan socavar el poder judicial, mientras que los brasileños consideran con mayor frecuencia que los funcionarios del gobierno intentan socavar los sistemas electorales y los partidos de la oposición. En Paraguay, sólo un tercio de los encuestados considera que los funcionarios del gobierno local son elegidos mediante un proceso limpio.
Caribe Oriental
El empeoramiento de la corrupción es una tendencia destacada en los países del Caribe Oriental (Barbados, Dominica, Granada, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago). Las opiniones públicas sobre la omnipresencia de la corrupción en el sector público se deterioró en todos los países, excepto Granada y Santa Lucía, desde 2016. Otro informe del WJP publicado el mes pasado profundiza en la corrupción en el Caribe.
Antillas Mayores, Bahamas y Guyanas
La corrupción también fue una de las principales preocupaciones en la región del Caribe, que incluye las Bahamas, la República Dominicana, Guyana, Haití, Jamaica y Surinam, junto con la percepción de una disminución de las libertades fundamentales. Según los reportes, la aceptación de comportamientos corruptos en la región es relativamente común en comparación con el resto de América Latina y el Caribe. En cuanto a las libertades fundamentales, en Bahamas, Guyana, Jamaica y Surinam, menos personas creen que la libertad de expresión, participación política, elección y religión están garantizadas en comparación con el último año de recogida de datos.
Explora todos los datos de los nuevos reportes por países sobre el Estado de Derecho.
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